Las energías no se renuevan ni se destruyen, pero se malgastan (Artículo)
No es la única contradicción a resolver. Dada la reducida dimensión del mercado español y el escaso efecto de nuestras decisiones sobre la producción de gases con efecto invernadero, las medidas que se adopten, en apoyo de una forma concreta de energía cobran su sentido práctico si se analiza la repercusión en una doble dirección. De forma evidente, si permiten el desarrollo tecnológico de las empresas del sector subvencionado, haciéndolas finalmente competitivas en los mercados internacionales. De una forma más difusa, pero igualmente insoslayable, si no perjudican gravemente al resto de los sectores consumidores de energía.
Las estrategias energéticas nacionales no pueden, por ello, perder de vista el mercado global de la energía, interferido ahora por la preocupación ambiental, que se concreta en la imperiosa necesidad de reducir las emisiones de CO2 equivalente, considerado el principal causante de la amenaza del cambio climático. Sin embargo, es más importante y urgente, resolver la crisis económica, causante en España de un feroz desempleo, que ha destruido algunas de las bases del desarrollo propio y que convierte en prioritaria la atención a las iniciativas generadoras de riqueza y empleo sustentables.
Parecería, por lo tanto, lógico, que España, desde su posición de país intermedio en el orden económico internacional, pero con importantes capacidades tecnológicas, profundizara en aquellas oportunidades que le permitan encontrar la solución a su crisis, encajando una parte de las decisiones en el apoyo al desarrollo de los países emergentes más dinámicos –en especial Brasil, India, China, y por lazos que van más allá del lenguaje común, con toda Latinoamérica–.
Esta iniciativa de cooperación posibilitaría abordar el refuerzo inteligente y pragmático, de forma simultánea, de nuestras estructuras productivas más eficaces. La filosofía de esta estrategia, que identificamos ya presente en los países más avanzados –Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda, etc.–, descansará, simultáneamente, en ayudarles a cumplir con la reducción de emisiones contaminantes –reforzada o no con tratados internacionales– y en lo que, sin duda, para aquellos países es más importante y urgente, en proporcionarles herramientas eficaces para que alcancen el deseado nivel de desarrollo que les equipare con los estándares occidentales.
Los especialistas del sector coinciden en apreciar que se operará, con ritmo acelerado, un cambio en las formas actuales de abastecimiento energético, siendo imprescindible combinar los nuevos desarrollos tecnológicos con la creciente concienciación ambiental.
Para la Unión Europea, y hasta donde pueda permitírselo su propio desarrollo, el avance hacia fórmulas de generación distribuida se ha visto acelerado. Las organizaciones ecologistas han conseguido el posicionamiento de las autoridades europeas a favor de las medidas de ahorro energético y menor riesgo sistémico, y se apoyarán, de forma creciente, aquellas formas de abastecimiento energético que concedan mayor autonomía.
La exageración de los peligros de la tecnología nuclear, con apoyo insoslayable en el reciente incidente de Japón, combinada con argumentos muy enraizados en el doctrinario popular, que combinan la filosofía NIMBY con las visiones túnel, ha venido a potenciar las formas de producción de energía a las que se percibe con poco o nulo riesgo próximo y polarizado el interés, ya no solamente mediático, hacia la posibilidad de convertirse en auto-suministrador de una parte importante de la energía que se necesita, tanto bajo la forma térmica como eléctrica.
Esta posibilidad técnica de que cada uno se convierta en autónomo productor de sus necesidades energéticas, no debería servir para ocultar que aún se deben vencer dos condicionantes. La competitividad de la autoproducción supone, no tanto equipararla con los actuales precios de mercado, como acertar a responder a la interrogante de si la economía individual de todos los ciudadanos podría permitírselo. El otro condicionando debe dar solución a la necesidad de mantener la interconectividad con el sistema general, garantizando el suministro complementario, cuando sea necesario, porque las formas renovables de energía –salvo, en su caso, la geotérmica– tienen generación discontinua. En otras palabras, la generación distribuida ha de subsistir con un sistema general, cuya dimensión debe precisarse, y cuyo completo mallado e interconexión, al menos en el marco europeo, debe potenciarse.
El panorama legislativo necesita igualmente un repaso profundo. Las normas legales pierden sentido si no surgen del convencimiento colectivo y no se establecen procedimientos para obligar a que se cumplan incluso por los más reacios y se garantiza que los infractores sean castigados.
La proliferación en España de normativas con diecisiete generadores autonómicos de leyes ambientales, sin la deseable coherencia a nivel de Estado, se encuentra en su camino con disposiciones de la Comunidad Europea que no se han transpuesto en los plazos obligatorios, o que no se cumplen en algunas regiones, provocando procedimientos sancionadores en los que el responsable último es el Estado. Ejemplos bien conocidos por el sector, son la Directiva para generación distribuida en sectores urbanos y de transporte (DIR 1009/28 CE), o la DIR 2010/31 CE de mejora de eficiencia en edificios, que aún no se han transpuesto. Las Directivas o propuestas con intención simplemente indicativa llenan el panorama de esqueletos de las buenas intenciones, que no han servido para satisfacer los efectos deseados.
Este podría ser también el caso de la propuesta de Directiva aprobada recientemente (22 de junio de 2011) por la Comisión Europea para mejorar la eficiencia energética, con medidas enfocadas para tratar de garantizar el cumplimiento del objetivo, revelado como distante, de reducir el 20% el consumo antes de 2020. Son propuestas de nuevas medidas que inciden sobre los sectores cuyo control parece más fácil, pero que ya están sometidos a una fuerte tensión. Así, por ejemplo, se pretende imponer a los distribuidores de energía la obligación de ahorrar anualmente un 1,5%, haciendo a los Estados miembros responsables subsidiarios de adoptar medidas equivalentes.
Las medidas afectan también a la obligación prevista de que las grandes empresas realicen mejoras para reducir su consumo energético, y solicitan el compromiso de las autoridades nacionales para mejorar la eficiencia de sus propios establecimientos patrimoniales, renovándolos a un ritmo del 3% anual y prohibiendo la adquisición de edificaciones que no cumplan con la indicación de ser de consumo energético "casi nulo".
La visión de conjunto lleva a tener en cuenta que para la creación (y mantenimiento) del empleo en los sectores industriales y de servicios, es decir, para no perjudicar su competitividad, lo determinante es abaratar la energía que precisan. Una buena gestión empresarial ya implica abordar medidas de ahorro, por la cuenta que tiene la garantía de supervivencia. Para el propio sector de renovables, el mantenimiento estable del empleo supone conseguir su capacitación para exportar, y hacerlo de manera igualmente sostenida, ya que se trata de estructuras de generación cuya instalación es intensiva en capital, pero su mantenimiento exige escasa mano de obra.
Los frentes abiertos aparecen tan amplios, y complejos, que exigen un abordaje inteligente y adaptativo, para no desequilibrar lo conseguido con medidas puntuales: debemos disminuir la dependencia exterior, pero también la intensidad energética y, al mismo tiempo, nos proponemos como objetivo frenar las emisiones de CO2 y, por supuesto, contener el déficit comercial español, que alcanza los 35.000 millones euros/año. Muchas condiciones de contorno para el problema.
No son los únicos. También hay que resolver contradicciones en los comportamientos colectivos. La sociedad actual prefiere vivir en ciudades –más del 50% de la población mundial ya se agrupa en entidades de más de 500.000 habitantes–, pero todos aquellos que pueden permitírselo retornan al campo a la menor ocasión, para descansar, dicen/decimos del ajetreo ciudadano. No podemos a un mismo tiempo mantener el huevo y la gallina. La generación distribuida es, en atención a su propia naturaleza, un modelo muy democrático en teoría; pero como no todos disponemos del mismo poder adquisitivo, en su fondo, se esconde una falacia de grandes proporciones.
Si bien la incertidumbre regulatoria ahuyenta la inversión, dificultando o impidiendo el posicionamiento estratégico de las empresas del sector ambiental, es aún mayor el efecto subyacente sobre el resto de los sectores que, en tanto que consumidores de energía, se ven obligados a adoptar medidas –sean de ahorro o de incremento de costes– sin otras opciones que las de tensionar sus márgenes. Se necesita un Plan industrial, con una definición de objetivos a largo plazo (mínimo 10 años) que sirva también de protección a aquellos sectores en los que tenemos, o deseamos adquirir, posiciones relevantes en el contexto internacional.
Se vuelve a un principio que aparece, una y otra vez, como un leitmotiv, una recurrente situación con la que se debe convivir a medio plazo. A escala nacional y, sin duda, a escala global, todas las formas de energía tienen su hueco en el mix. Ni siquiera el carbón, tan vapuleado en nuestras proximidades, puede abandonarse, porque se mantendrá como fuente principal para aquellos países que tienen reservas importantes. Aquí hay que destacar, por cercanía y afectos, los trabajos que Hunosa y la ETSIMO están realizando, con el apoyo de la Administración regional asturiana y conexiones con programas europeos, para que no se desperdicien conocimientos ni se descuide el desarrollo de nuevas tecnologías que van desde la captación y almacenamiento de CO2 al uso rentable de la energía geotérmica.
Todas las energías son necesarias, y todos los esfuerzos, bienvenidos para potenciarlas. Unas como emergentes –la geotermia y la biomasa entre las actualmente menos valoradas, con excelentes opciones de futuro–; otras como imprescindibles, tanto por las inversiones ya efectuadas –centrales de ciclo combinado, hidroeléctricas– como por su carácter de energías de base para complementar las energías renovables hoy más desarrolladas –eólica y solar, de producción discontinua–.
En cuanto a la utilización de la energía nuclear, su lugar en el mix energético aparece, en la actualidad, directamente afectado por los graves incidentes de la central de Fukushima, que han venido, muy directamente, a potenciar la algarabía que ya formaban las voces de alarma de los más reacios para utilizar esta forma de producción de energía primaria. Seguiremos, sin embargo, teniendo en el mundo, centrales nucleares y se seguirán implantando. En España, como en Alemania, tanto si se adopta la medida de cierre programado para eliminar a la nuclear del mix, como si no, tendremos aún durante un par de décadas que convivir con ella, porque la necesitamos. Debemos, consecuentemente, por pura coherencia, seguir soportando el mantenimiento de esta tecnología, y hacerlo con los máximos niveles de seguridad. Es una necesidad, y también una oportunidad tecnológica, porque así sostendremos nuestra capacidad para continuar como exportadores del saber hacer nuclear, y ese binomio evidente nos obliga a no descuidar un ápice, y a incrementar, nuestro acervo tecnológico en las nucleares. Piensen en ello sus detractores, pero también, y sobre todo, los responsables políticos.
Adaptación del Editorial escrito para ENTIBA
Adjunto