Autores materiales y cooperadores necesarios de la innovación empresarial (Nota Técnica)
Recientemente he tenido ocasión de leer el informe que ha editado el Colegio de Economistas sobre la innovación en España ("Innovación en las empresas españolas: factores impulsores y retardatarios". Economistas, n. 118. 2008). Parece haber consenso entre la clase política y empresarial nacional sobre el carácter decisivo que tiene la actividad investigadora en el tejido industrial español. El propio informe lo menciona en su editorial al reconocer el creciente protagonismo de la innovación en las medidas gubernamentales de animación industrial, que incluye la creación de un Ministerio de Ciencia e Innovación.
Resulta pues sorprendente que la innovación sea una iniciativa estratégica con escasa repercusión en los presupuestos de las empresas españolas. Así, un informe del IMRC, entidad creada por el Instituto de Empresa y la consultora Accenture, en marzo de 2004 señalaba que las empresas españolas invierten en tecnología entre el 1,5 y el 3 por ciento de sus ingresos anuales, cuantía inferior a la media de Estados Unidos y de los principales países europeos, que en algunos casos llegan a doblar esa cifra.
Este tipo de cuestiones se centra en la investigación y el desarrollo realizado por las grandes corporaciones nacionales. Los datos agregados por países así se obtienen. La cuestión sería entonces si la innovación es algo propio de la gran empresa, puesto que si así fuese los mayores esfuerzos deberían ubicarse en esa dirección y los últimos responsables de su mayor o menor difusión serían sus directivos.
Sin embargo la mayor parte del esfuerzo investigador español, entendido como razón de ser de la propia iniciativa empresarial, reside no ya en la pequeña y mediana empresa, sino en la microempresa investigadora. Es decir, el lugar donde la innovación supone el motor de crecimiento y la razón de ser del proyecto empresarial no es la empresa consolidada, sino la micropyme creada con el objeto comercializar un desarrollo propio cuyo elemento innovador será precisamente lo que le abra el mercado.
En su esfuerzo por capturar la imagen fiel de una realidad amplia y compleja como la economía española, los analistas suelen recurrir al 80-20 y dirigir su atención a las compañías que representan los mayores porcentajes de actividad de nuestra realidad empresarial. Sucede que en el caso de la innovación, el "20" recoge los mayores esfuerzos investigadores, entendidos no ya en su vertiente cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, en la profundidad de lo novedoso que se consigue obtener como resultado de la labor investigadora.
No trato de cuantificar los presupuestos de I+D+i de las empresas, puesto que desde ese punto de vista quizá lleven razón los que arguyen que la gran empresa tiene en su mano la victoria en el campo de la investigación. Y no trato de recurrir a ese sencillo argumento contable porque los resultados de la actividad investigadora no traen su causa del presupuesto que las financia, sino de los equipos humanos que la realizan.
Es evidente que sin una dotación presupuestaria adecuada el mejor equipo no llegará lejos en su esfuerzo por llevar a buen fin su proyecto. Dando por supuesto que la financiación mínima es alcanzable por cualquier empresario solvente con un proyecto prometedor, mi tesis es que el éxito en la investigación con fines empresariales radica en la especialización.
Un nutrido equipo de I+D+i de la mejor empresa tiene en su sector un límite de innovación inferior a la capacidad innovadora de una red casi infinita de iniciativas empresariales independientes enfocadas en la mejora de productos y servicios, la adopción de nuevos usos para tecnologías existentes o el desarrollo de tecnologías rompedoras para la satisfacción de necesidades conocidas.
Este fenómeno lo ha entendido a la perfección la industria farmacéutica. Observamos cómo los grandes laboratorios prefieren adoptar una estrategia de "esperar y ver" si los resultados de la investigación de esa pequeña empresa biotecnológica son prometedores para entonces ofrecerle un contrato de licencia, de asociación o directamente la adquisición de las acciones de la compañía.
Lo que en realidad hacen estas corporaciones es subcontratar el esfuerzo investigador, pagando únicamente por su éxito. La rentabilidad de esta política habrá de constatarse comparándola con el coste de un equipo propio de investigación y su probabilidad de éxito.
Pero para que el modelo sea sostenible debe existir un flujo financiero que sostenga a las micropymes investigadoras y asuma ese soporte que en el departamento interno de investigación de una gran empresa asume su propia cuenta de explotación.
En los EE.UU. la situación está clara. Es el sector privado quien debe apostar por estas empresas tecnológicas invirtiendo a precios bajos en fases tempranas y esperando una rentabilidad derivada de la plusvalía que se obtendrá al vender la empresa o de los royalties por la licencia de su tecnología.
Los inversores en esas fases tempranas suelen ser particulares adinerados (business angels) o fondos de inversión especializados en empresas en fase de arranque (venture capital). Ambas fuentes se han difundido de costa a costa en Norteamérica permitiendo así el florecimiento de pequeñas empresas a las que el respiro financiero proporcionado les permite completar sus proyectos de desarrollo y poner en el mercado productos con grandes ventajas competitivas.
La situación en España es muy deficiente. Por un lado la disponibilidad de inversión privada en micropymes investigadoras es muy limitada, y se reduce a unas pocas entidades cuya labor es digna de alabanza. A mi juicio los principales motivos de este desinterés privado por la micropyme investigadora son:
• Falta de cultura inversora: un país cuyos ciudadanos consideran mayoritaria y consistentemente que los inmuebles son la mejor alternativa de inversión no puede llegar lejos en innovación y desarrollo empresarial. Y poco más hay que añadir sobre este aspecto.
• Fiscalidad: los pocos business angels españoles pierden su motivación cuando comprueban la fiscalidad adversa a la que les somete nuestro sistema tributario. Los fondos de capital riesgo sí tienen medidas fiscales atractivas (por ejemplo, no pagan el impuesto de sociedades), pero crearlos o participar en ellos está al alcance de pocos. Si alguien desea invertir a la manera de un fondo de capital riesgo pero mediante una sociedad mercantil tradicional se verá abocado al régimen general de tributación, lo cual no incentiva la toma de participación en empresas de alto riesgo.
• Dificultades para obtener plusvalías en la venta: cuando alguien invierte en una micropyme investigadora asume un riesgo elevadísimo de que la empresa no tenga éxito y por consiguiente pierda su dinero. Pero a ese riesgo hay que añadir otro más: que alguien quiera en el futuro comprar esa empresa y poder así obtener plusvalías de la venta. Sucede en España que cuando alguien invierte en primera ronda en una empresa de nueva creación y al cabo de un tiempo la empresa ha adquirido velocidad y se precisa una nueva ronda, el inversor que entra impide al primero salir, estando éste obligado a quedarse más tiempo y volver a asumir los dos riesgos anteriores.
La salida española al embrollo anterior es la tradicional en estos casos: el recurso a fuentes públicas de financiación. Determinados organismos como el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) o las propias Comunidades Autónomas ofrecen ayudas a las empresas innovadoras bajo la forma de subvenciones no reintegrables o préstamos blandos.
Claro que cuando hablamos de financiación pública, las Administraciones dedican denodados esfuerzos por eludir la proverbial picaresca española y por tal razón se han fijado una serie de condiciones para acceder a este dinero.
Para hacer breve una historia larga digamos que en el caso de subvenciones suele pedirse un aval que garantice el destino adecuado del dinero que se concede. Si se trata de un préstamo blando el emprendedor debe disponer privadamente al menos de los mismos fondos que solicita al Estado.
A estas medidas, más o menos restrictivas según la generosidad con que se vean, hay que añadir un último factor que tiene efectos devastadores sobre la propia aventura empresarial: las ayudas se cobran tarde. En empresas consolidadas este hecho será o no será relevante en tanto en cuanto su planificación financiera sea adecuada. En una micropyme investigadora, por lo general carente de ingresos, el retraso en este tipo de pagos supone en muchos casos una crisis de la que es difícil escapar indemne.
¿Tiene sentido el cobro tan tardío de las ayudas concedidas? Resulta penoso tener que hacerse uno esta pregunta cuando todos los grupos políticos coinciden en señalar la innovación como uno de los factores más relevantes en la supervivencia a largo plazo de nuestra empresa. Pero doblemente penoso es que precisamente tenga que ser el Estado el que asuma la carga de financiar este tipo de iniciativas porque la inversión privada está construyendo viviendas en Europa del Este.
Concluyamos esta breve reflexión sobre la investigación empresarial en España. Partíamos al principio de este análisis del informe del Colegio de Economistas sobre la innovación en la empresa nacional. El Colegio, como tantos otros, parece dar a entender que es la gran empresa la que debe asumir el liderazgo innovador en nuestra economía. Esa postura implica dar la espalda a la especialización científica y tecnológica, que necesariamente resulta a largo plazo más enriquecedora y rentable. Por no decir, la condenación al olvido de la micropyme investigadora, que navega día a día en el proceloso mar de las ayudas públicas, abandonada por un capital privado carente de educación financiera.