Derechos de Autor y las Industrias Culturales (Artículo)
EL CASO MEGAUPLOAD, UN ACONTECIMIENTO CLAVE
El cierre de la web de descargas Megaupload ha generado polémicas sin fin sobre los límites de las políticas represivas en defensa de los derechos de propiedad intelectual.
Algo ha cambiado sin embargo en la percepción del fenómeno de las descargas, posiblemente debido a la forma de encaminar el proceso contra Megaupload y a circunstancias atípicas relacionadas con la forma y el tren de vida de los dirigentes de ese emporio digital.
Muchos miembros y hasta militantes del conocido frente a favor de la libertad -y de la gratuidad- de la difusión de contenidos protegidos por las leyes civiles de la propiedad han considerado que en el caso de Megaupload la razón asiste a sus perseguidores. Los datos dados a conocer sobre los beneficios alcanzados por la trama de la empresa de Hong Kong y, sobremanera, la forma que la red tenía de privilegiar y pagar a los "proveedores" de contenidos protegidos han puesto de manifiesto la necesidad por parte de los que podríamos llamar "liberadores" de buscar nuevos espacios de legitimidad para su causa. Especialmente cuando la maniobra policial y judicial se ha lanzado bajo el amparo de leyes previas a la entrada en vigor de las nuevas normativas como la famosa ley SOPA -Stop Online Piracy Act-.
A posteriori han surgido ciertas interpretaciones en clave conspirativa que tratan de enmarcar los acontecimientos en una ofensiva brutal de la industria de los contenidos que tratarían de evitar la puesta en marcha por parte del equipo de Megaupload de una especie de killer application -la MegaBox- que pondría en serias dificultades al conjunto de las empresas distribuidoras de productos de creación.
Sea como sea parece que el formato del tradicional debate sobre la protección de los derechos de autor y de propiedad se está encaminando a una nueva dinámica que resulta mucho más interesante que el estéril intercambio de argumentos entre los apasionados defensores de la defensa de los derechos de autor al margen de la realidad tecnológica y los amigos de conceptos como la libertad irrestricta de difusión de la cultura.
Puede que tengamos en la actualidad más razones para enfocar el litigio en claves culturales, industriales y civilizatorias distintas del discurso ácrata-capitalista versus la criminalización, como hasta ahora estaba sucediendo.
LA FACTURA DEL ARTE
Todas las sociedades desde que el mundo es mundo han buscado el equilibrio y el arreglo para defender y proteger la creatividad y el talento. Los autores de las pinturas de Altamira seguramente recibirían algún incentivo social. O bien se librarían de ir a cazar bisontes los días de lluvia o bien ejercerían oficios sacerdotales o médicos. No sé, algo harían con ellos. En las épocas medievales los artistas trabajaban para las iglesias o para las cortes. O comerían en los pueblos y aldeas gratuitamente después de sus funciones de titiriteros o en las ciudades más tarde de declamar como bardos sus últimas obras líricas. Con el invento del capitalismo los artistas pudieron abrir teatros, concedían la venta de sus partituras a editores que les pagaban un tanto y que incluso les adelantaban fondos. Hasta los pintores pudieron buscarse marchantes y dejaron de trabajar en exclusiva para conventos y príncipes. Unos consiguieron ese estatus capitalista muy pronto como los holandeses y otros todavía esperan a poder vivir de su arte como los africanos.
Con la sociedad capitalista desarrollada las formas de ganarse la vida de los artistas sufrieron una evolución tremenda pero dentro de la vieja lógica comercial. La defensa de los derechos de autor fue un hito de la civilización mercantil. No digamos nada de los sofisticados productos industriales de base cultural como el cine y los mecanismos de difusión creados a la medida de tales especialidades artísticas. Nunca como ahora el mercantilismo de las artes y de la cultura ha llegado a extremos tan elocuentes. Me temo que precisamente esa exuberancia mercantil ha provocado en mucha gente un lógico hartazgo. No digamos nada a propósito de los gendarmes del sistema de aseguramiento de esas nuevas formas de recaudación artística llamados sociedades de autores. Existen pocas formas tan evidentes de labrarse una mala imagen como la actividad de los alguaciles de la SAE viajando por pueblos y aldeas a la caza de bodas, funerales y festejos sin las debidas autorizaciones de esos nuevos alcabaleros del siglo XXI. Si a las prácticas de las sociedades de autores añadimos las presiones de los lobbies de distintos segmentos de creadores a favor del incremento de los presupuestos públicos dedicados a la cultura encontraremos el caldo de cultivo que tanto solivianta a muchos de nuestros conciudadanos, y entre ellos no ocupan un menor lugar lo que podríamos llamar la clase de tropa, el proletariado del mundo de las artes y de la cultura, los jóvenes artistas que a veces son la punta de lanza más activa en la lucha por la desaparición de los elementos tradicionales de recaudación de los derechos de autor.
Es verdad que la exaltación del liberalismo ha conducido a la degradación de las relaciones de los artistas y autores con los mercados pero también lo es que nunca como ahora los creadores han gozado del aprecio y del respeto de las sociedades. Encontrar el término medio entre los legítimos intereses de los autores y los comunes de la sociedad va a exigir la creación de nuevos conceptos. Parece que para algunos todo se reduce a la desaparición de los derechos de autor, por lo menos los correspondientes a los productos culturales en formato digital. Y para otros a la creación de nuevos impuestos y tasas que compensen los destrozos producidos en la industria de la distribución de bienes culturales por los nuevos mecanismos de difusión. Un sector aparentemente más equilibrado lucha por la emergencia de una nueva industria que entienda los nuevos mecanismos y que se traduzca en nuevos negocios, como si las nuevas industrias naciesen por generación espontánea.
CAMBIOS TECNOLÓGICOS
Tendremos que reconocer que las industrias culturales merced al contenido simbólico de los productos sobre los que opera están siendo particularmente castigadas por los nuevos avances tecnológicos. En pocos años hemos asistido a la desaparición casi total de viejos oficios artesanos ligados al mundo del arte y de la cultura. Diseñadores gráficos, delineantes, tipógrafos, fotomecánicos y técnicos de cine y radio han sido las primeras víctimas del cambio tecnológico asociado a la emergencia de los ordenadores personales y la digitalización. Ahora se prevé que la extensión de la banda ancha se lleve por delante a industrias enteras como la del comercio tradicional de música, las salas de cine, muchos medios de comunicación social incluyendo en los mismos a las televisiones y cientos de puestos de trabajo asociados al mundo de la distribución cultural. Igual que para todos los sectores en crisis las administraciones se sienten responsables del intento de suavizar los daños. En las industrias culturales sucede que sus representantes no son precisamente sindicatos de clase de raíz obrera. Estas industrias tienen a su cabeza los mejores talentos que uno pueda imaginar. Y saben cómo hacer las cosas.
EL LUGAR DE LA CULTURA EN EL MUNDO GLOBAL
Una política inteligente para tratar estos temas implica liberarse de los lugares comunes y reflexionar sobre tantos y tantos elementos como los que amenazan nuestro futuro cultural. La cultura, pregunten si no a los americanos, se convierte en el principal argumento de presencia comercial de las naciones y los estados. Nos jugamos mucho al tratar estos temas. Y no es bueno dejar la agenda en mano de los creadores. Parafraseando al general De Gaulle no es bueno dejar la política cultural en manos de los políticos de la cultura. Ni al que asó la manteca se le ocurre poner a la cabeza de la política cultural a la presidenta de un lobby cultural como hemos tenido ocasión de padecer en el último periodo político en nuestro país. Diría más: ni siquiera puede ser bueno poner a la cabeza de un ministerio de cultura a un creador.
NO TODO SE REDUCE A CREAR NUEVAS TASAS
Los últimos acontecimientos parece que están llevando al ánimo del nuevo gobierno, y en coincidencia con un bloque mayoritario de las fuerzas políticas alineadas tras la famosa ley Sinde que hoy algunos llaman ley Sinde-Wert, una solución para compensar el daño producido a las industrias distribuidoras y a los mismos creadores por las descargas digitales supuestamente ilegales que pasaría por cobrar una tasa sobre la factura de la banda ancha que se dedicaría a compensar a los creadores así como a financiar proyectos de cambio de los sectores afectados. Las industrias de las telecomunicaciones ya estaban muy activas en estos últimos tiempos para prevenirse de decretos de persecución de este tipo de descargas que afectasen a su mercado. Ahora parece haberse decidido no usar esos métodos tan brutales y tan poco prácticos y se habla de cobrar un suplemento a los clientes de la telefonía que superen una cierta cantidad de Kb de descarga. No es fácil el asunto pues resulta complicado diferenciar las fuentes y las métricas en las que establecer esos mínimos. Hay clientes particulares y empresariales con distintos perfiles de consumo de datos. Además estamos hablando desde España, desde ese país nuestro en el que la tarifa más barata de ADSL es más cara que la tarifa media de cualquier otro país de Europa. ¿O es que alguien se cree que la industria telefónica va a pagar los platos rotos?
Mientras tanto no sería bueno que todo se redujese a la recaudación de tasas para las sociedades de autores o a las políticas de costes de la banda ancha. De la dotación de nuestras bibliotecas, de nuestras instituciones educativas relacionadas con la cultura, de la reducción de presupuestos públicos dedicados a la exaltación de particularismos locales y manías faraónicas a mayor gloria de alcaldes, consejeros de comunidades autónomas y ministros del ramo, de los problemas de los trabajadores afectados, de la crisis de los medios de comunicación, de todo eso nunca más se supo. Mucho menos de los programas de apoyo a las industrias en crisis y de la promoción de tecnologías emergentes. Es ahí donde deberíamos poner el acento. Mucho más que en políticas de campanario sobre las tasas y los cánones.
UNA SALIDA PARTICIPATIVA
Me parece de todo punto imprescindible una vez que parece que entramos en una dinámica resolutiva sobre esta controversia que el mundo de la empresa, de los empresarios, asista con algo más que espíritu contemplativo a estos debates. Aquí se están dilucidando modelos de negocio, costes empresariales y nuevas figuras impositivas que no solo afectan a las industrias culturales y a la ciudadanía. Afectan al conjunto de la sociedad y tienen mucho que ver, aunque no seamos conscientes de ello, con la forma de crear y producir talento y con las maneras de proteger derechos de propiedad tanto como a los creadores y difusores de los productos artísticos y literarios. No debemos tener dudas sobre cómo todo esto llevará a una revisión profunda de las leyes de propiedad intelectual, de la defensa de las marcas y de tantas otras cosas que forman parte del conjunto de los valores de la empresa. Aunque solo sea porque nos interesa entremos sin miedo en el debate y pronunciémonos.
Adjunto