¿Cuánto vale mi dedo? (Crisis en España y la efectividad de las políticas económicas)
Imagínese que le dicen que una persona (no le indican su sexo), que trabaja en una fábrica (no le especifican en cuál) ha tenido un accidente y ha perdido un dedo. Si usted fuera de una aseguradora, o estuviera en un juzgado, y le piden que calcule una indemnización por ese accidente, ¿cómo lo haría? Posiblemente analizaría todos los datos de esa persona: edad, puesto que desempeñaba, salario y después estudiaría con detenimiento qué cosas no podrá hacer igual debido a que ha perdido un dedo. Trataría de buscar una cantidad económica que se aproximase a una que compense la tragedia que experimentó esa persona. Ahora, le voy a cambiar las reglas de juego, y le digo que esa persona es usted y le pregunto ¿cuál es la compensación que le tendría que dar por haber perdido su dedo? Su reacción será conocida y me dirá directamente que su dedo no tiene valor, que éste es infinito y que cualquier cantidad de dinero será poca para compensarle por tener un accidente.Con este ejemplo tan sólo quiero resaltar una idea importante y es que cuando se habla de "lo nuestro" el criterio no es igual que cuando se habla en abstracto o de aspectos que nos quedan lejos. Esta idea tiene consecuencias económicas y políticas muy importantes. A la hora de abordar un plan anticrisis si vamos hablando con personas de todos los sectores detectaremos que todos están o dicen estar en crisis, que todos necesitan dinero público y que todos dicen requerir la intervención del gobierno. El sector del automóvil estaría deseoso que el gobierno impulse un plan de compra masiva de coches y los distribuyera entre sus funcionarios; los constructores que se les compren todo aquello que no pueden vender en el mercado; los editores de libros que se haga un plan público del tipo una persona un libro y los bancos que se les compren toda su deuda "tóxica" y que nadie quiere, y así podría seguir, por ejemplo con la industria del porno americana que se considera un “sector estratégico” y que está en crisis demandando 5.000 millones de dólares.
Esto demuestra que la política económica es de una complejidad social muy importante. Y es compleja porque los recursos públicos son limitados, como casi todos. Cuando no hay dinero para todos ni para todo hay que elegir. Y como hay que elegir entre las tantas alternativas posibles quien lo haga tiene que tener un alto grado de independencia, respetando que su poder emana de la ciudadanía y que ha de velar por los intereses generales de la misma. A veces velar por el interés general es ir contra algunos intereses particulares y por ello la persona que ha perdido un dedo no puede ser la misma que calcule su indemnización, sino que se tienen que usar mecanismos lo más objetivos posibles y buscar la solución más justa, cosa que tratan de hacer los jueces todos los días...
Todo esto para llegar a un punto de partida, España está inmersa en una crisis al cubo. Había una situación clara de que el mercado de la construcción tenía que frenar. Existía un gran desajuste en las cifras básicas del sector: España es el segundo país de Europa donde más peso tenía la inversión en la construcción, más del 9% del PIB invertido en la construcción de viviendas, y se ha vivido una época de "facilidades" al crédito que hace que hoy la deuda asumida –tanto de promotoras y constructoras como de particulares- sume el billón del euros, el 61% de toda la deuda financiera. Y se han construido viviendas hasta el punto de tener 8 millones más que de hogares. Esto parecía insostenible y a finales de 2006 el parón empezó a notarse. Todo apuntaba a que el aterrizaje iba a ser forzoso pero no en caída libre. También parecía que no todas economías en España iban a aterrizar al mismo ritmo, se previa un fuerte desajuste en la costa y ciudades turísticas, porque los excesos y desajustes inmobiliarios eran mayores. Pero todo cambió cuando se destapó el tsunami financiero. Un tsunami es "un tren de ondas largas propagadas a gran velocidad que por donde pasan generan una devastación". Esas ondas fueron los miles de millones de hipotecas y deudas concedidas con mucho riesgo y muchas dificultades para que se devuelvan. Este tsunami ha generado que veamos caer como castillos de naipes a quienes eran los más listos y ricos de la clase y que algunos, como Madoff, se quedaran sin flotador.
La situación se ha vuelto complicada porque, tal y como escribió Xavier Sala i Martín en un artículo hace unos días, "se estima que la deuda de las promotoras con la banca española asciende a 300.000 millones de euros (recuerden que eso es más de la mitad de todo el plan de rescate norteamericano). El sector debe pagar unos intereses de 20.000 millones de euros anuales y eso es un gran problema para la banca española porque, en la actualidad, las inmobiliarias tienen unos ingresos cercanos a… digamos… ¿cero? ". La pregunta que surge inmediatamente es: ¿será efectivo el plan de rescate de la economía española?
Los principales clientes de la banca, en volumen de crédito concedido, son grandes empresas promotoras y constructoras que, en la actualidad, no sólo sus activos –con los que han garantizado los préstamos- están perdiendo su valor (contable y de mercado), sino que además tienen serios problemas para obtener ingresos y afrontar sus pagos, combinación que es igual a quiebra. Esto no es nuevo, todos los días está presente en los medios de comunicación, sin embargo tiene una implicación importante en materia de política económica: la banca no sólo usará todos los fondos posibles que ha puesto el gobierno a su disposición, sino que los va a utilizar para cubrir ese riesgo tan notable al que se enfrenta y, por tanto, no para cumplir con el objetivo para el que se conceden, que es dotar de liquidez al sistema. Resulta que la banca y el sector de la construcción se han quedado sin el mismo dedo y no hay forma de calcular la indemnización que pagará toda la sociedad, porque ambos están entrelazados y la supervivencia de los segundos es una tranquilidad para los primeros.
Pero el plan de rescate español va más allá que una ayuda a la banca, ¿o no? Considero que los principales retos a los que se enfrentan las empresas españolas en la actualidad son varios: en primer lugar, las restricciones de liquidez, que por el mal funcionamiento del mercado financiero puede suceder que pierdan oportunidades de inversión, y crecer más, o que incluso tengan problemas para financiar su tesorería a corto plazo. En una encuesta del diario El Economista publicada el 10 de enero de 2009 aporta el dato de que más del 30% de las empresas están en esta situación. Por otro lado, cuando por el deterioro del consumo hace que la demanda caiga de manera generalizada, obviamente las empresas reducen la rentabilidad de sus inversiones y, para muchas de ellas, puede también suponer una merma de su capacidad financiera (sobre todo en mercados muy competitivos) y ponerlas en aprietos. Ante esta situación sólo se puede salir con ingenio, innovación y capacidad para competir en más mercados, pero esto también requiere de financiación, y volvemos al punto inicial.
Por último, existen empresas que tienen que dar un giro a su estrategia de negocio. Bien cerrar aquello que ya no tiene futuro, que no es rentable y buscar otras alternativas donde puedan ser verdaderamente competitivas. Pero esto lleva tiempo y también genera tensiones laborales y problemas sociales importantes. Pero o se hace o el problema se agravará como una gran bola de nieve. Posiblemente esto es lo que suceda a una parte muy importante de las empresas constructoras y auxiliares, que han sido rentables y viables debido a los precios tan extraordinariamente elevados y la demanda existente. Ahora con caída de la demanda y de precios, no resistirán todas, salvo que haya alguien que las haga resistir. ¿Quién? Pues alguien que las pueda convertir en empresas zombis. ¿Por qué? Ya se ha dicho, porque están muy entrelazadas con el sistema bancario y mantenerlas vivas es mantener al sistema financiero más o menos saneado.
Ante esto las distintas administraciones han puesto un gran énfasis en los fondos destinados a la banca, en modo de préstamos, pero también de modo indirecto con actuaciones como el Fondo Estatal de Inversión Local de 8.000 millones de euros, el cual es un claro ejemplo de dinero destinado directamente a mantener la actividad en la construcción a través de los ayuntamientos, a la par que permite inyectar ese dinero a la banca y crear un empleo rápido, poco cualificado y de muy corto plazo. Se trata de mantener, sin evaluar la productividad de ese dinero, un sector que está perdiendo empleos a pasos crecientes. ¿En cuánto va a mejorar la productividad de la economía española este fondo? ¿No es algo así como un seguro de desempleo de grandes dimensiones para unos meses?
Sería un error pensar que se pueden hacer fondos parciales para ir rescatando sector por sector, dependiendo del volumen de empleo que éste ocupe. El objetivo loable de evitar un paro masivo no puede implicar reducir la capacidad de actuación sobre los sectores que tienen potencial y capacidad para crear empleo y riqueza por ellos mismos. Quedarse sin recursos públicos para poner un parche a un sector sobredimensionado y con exceso de oferta puede ser una oportunidad perdida para crear infraestructuras productivas, financiar proyectos innovadores, apostar por empresas con capacidad para crecer y consolidarse y crear un tejido productivo más global.
A corto plazo todo apunta a que la burbuja inmobiliaria que tenía España y que se forjó en la última década era de tal dimensión que impide actuar con más rapidez y en otros sectores que podrían generar un efecto y dinamismo mayor a la economía. En momentos de crisis las empresas se reinventarán en base a su conocimiento y capacidad para innovar, pero ahora los esfuerzos están puestos en colocar parches en aquellos botes que tienen grandes agujeros y que, si se hunden, pueden generar un verdadero problema laboral y social en España. Pero el agujero es muy grande para los parches que se disponen, y se pueden hundir los botes que podrían dar soporte y palanca al crecimiento empresarial.